Los consumidores piden transparencia frente a alertas alimenticias, seguros de responsabilidad y control de precios

Las asociaciones de consumidores continúan dando sugerencias con el fin de mejorar la seguridad alimentaria. Este martes, la asociación de Consumidores en Acción, FACUA, ha trasladado varias ideas en una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que han reclamado que se transformen en cambios legales en la Estrategia Nacional de Alimentación.

Entre otras medidas, consideran imprescindible que todas las empresas vinculadas a una alerta alimentaria estén obligadas a facilitar información sobre ella tanto en su página web, como en sus redes sociales y establecimientos (en caso de que los posean).  Esta obligación, además, debe existir para todos las partes de la cadena, desde los fabricantes hasta los vendedores finales, pasando por distribuidoras, importadoras, etc. 

Además, también debe ser exigible un seguro de responsabilidad civil de las empresas alimentarias con una cuantía proporcional a su volumen de negocio, de manera que puedan hacer frente a las posibles indemnizaciones de existir personas afectadas por sus productos. Esto debe ir acompañado con un refuerzo del control e inspección de la industria y de la actividad de distribución, para que la Administración pueda investigar, detectar y sancionar los posibles incumplimientos de la legislación.

RECLAMAN QUE EL GOBIERNO INVESTIGUE LA SUBIDA DE PRECIOS 'MEDIANTE UN INCREMENTO ILEGAL DE MÁRGENES DE BENEFICIO'

En la reunión, Marian Díaz, directiva de la asociación y presidenta de FACUA Madrid, ha reivindicado la necesidad de que el Gobierno investigue y actúe con las empresas que han aplicado subidas de precios en alimentos con el IVA rebajado mediante el incremento ilegal de márgenes de beneficio —y no por subida de los costes—.

Junto a esta medida, el Ejecutivo debería realizar intervenciones de precios que sirvan para evitar la brutal subida de la cesta de la compra, fijando precios máximos, tal y como le faculta la Ley de Comercio de 1996. El etiquetado alimentario también es otra de las cuestiones susceptibles de mejora. Así, la asociación señala que debe implantarse un modelo de doble etiquetado, que informe a los consumidores sobre el precio de origen de los productos junto al de venta al público, para fomentar una compra informada y responsable.

Además, deben reforzarse igualmente los controles sobre la información que contienen los propios etiquetados y los envases de los productos para evitar el fraude, la publicidad engañosa y para avisar de prácticas como la reduflación, entre otras, de manera que los consumidores puedan saber si un producto ha reducido el peso neto de su contenido aprovechando un cambio de diseño o formato. La asociación también insta a la creación de una regulación en la publicidad de alimentos para proteger a los niños de mensajes que fomentan hábitos insanos, causantes de enormes perjuicios en la salud de los menores.

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